Resiliencia fiscal en un mundo postpandemia: esta vez no es diferente.

Las economías de los mercados emergentes (EMEs) se han visto afectadas negativamente por la implementación de grandes paquetes de gastos y la disminución de la recaudación de ingresos, lo que genera la necesidad de reconstruir sus espacios fiscales para resistir posibles shocks futuros. Se considera necesario un enfoque equilibrado para apoyar la recuperación económica sin poner en peligro la consolidación fiscal. La mejora de las instituciones fiscales y la mejora de los marcos presupuestales son componentes cruciales de este enfoque, ya que sirven para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la gestión fiscal. Además, es imperativo fortalecer los mercados financieros internos, priorizar reformas estructurales que fomenten la productividad y la competitividad, e impulsar la cooperación internacional para brindar alivio de la deuda y financiamiento.

Las circunstancias predominantes de inflación creciente, precios fluctuantes de las materias primas y tasas de interés crecientes han suscitado temores con respecto a la sostenibilidad de la deuda y las políticas fiscales. Las economías de mercados emergentes, en particular, son más susceptibles a las condiciones financieras mundiales. La confluencia de una alta inflación y un aumento de las tasas de interés mundiales puede desencadenar salidas de capital, depreciación de la moneda e inestabilidad económica, obligando a estas naciones a aumentar sus propias tasas de interés, lo que exacerbaría la carga de la deuda pública y requeriría medidas de austeridad fiscal.

La alta inflación contribuyó a reducir la deuda fiscal en muchos países, incluidas las economías latinoamericanas. Sin embargo, los posibles beneficios a corto plazo que surgen de las sorpresas inflacionarias en la relación deuda pública/PIB quedan más que compensados a mediano y largo plazo en todo tipo de economías. Luego, las políticas fiscal y monetaria deberían coordinarse para controlar la inflación y lograr la sostenibilidad de la deuda. Es clave preservar la credibilidad de las políticas macroeconómicas y financieras bajo la adopción de marcos de política fiscal creíbles.

La inestabilidad de los precios de las materias primas es motivo de grave preocupación para los países que dependen de la exportación de estos bienes. Las fluctuaciones en los precios de los productos básicos pueden causar variaciones significativas en los ingresos por exportaciones y los saldos fiscales. Esto es particularmente evidente en los países exportadores netos de materias primas, donde una caída en los precios de estos productos puede conducir a una reducción de los ingresos del gobierno. Como resultado, estos países pueden necesitar ajustar sus políticas fiscales, ya sea reduciendo gastos, acudiendo a formas alternativas de ingresos o aumentando el endeudamiento. Estas medidas, sin embargo, pueden contribuir a un aumento en los niveles de deuda pública y precipitar preocupaciones fiscales.

Dentro de la región de América Latina, las naciones enfrentan la ardua tarea de mitigar los déficits fiscales y los niveles de deuda, al mismo tiempo que invierten en infraestructura e iniciativas sociales y se adaptan a las consecuencias del cambio climático. Para superar con éxito estos desafíos, los países latinoamericanos deben esforzarse por lograr un delicado equilibrio entre impulsar el crecimiento económico y disminuir los déficits fiscales y los niveles de deuda. Esto puede requerir la expansión de la base impositiva, la optimización de los servicios públicos y la orientación de las inversiones hacia infraestructura y programas sociales que estimulen el crecimiento económico y alivien la pobreza.

Un problema predominante en América Latina es el alto nivel de informalidad laboral (Figura 2), que plantea desafíos importantes para la consolidación fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública al disminuir los ingresos fiscales y socavar las contribuciones a la seguridad social. Para paliar estos efectos, es recomendable que los gobiernos agilicen los sistemas tributarios y reduzcan las cargas administrativas para incentivar la formalización. Además, la implementación de políticas de protección social que no dependan del empleo formal puede proporcionar una red de seguridad para los trabajadores informales y, al mismo tiempo, disminuir los incentivos para la informalidad.